Caso Piatúa: 13 comunidades kichwa se unen contra juez

El juez Quito intentó salir en libertad a través de un recurso pero fue negado.

  • El caso ya ha unido a 13 comunidades kichwua de Pastaza que no permitirán la explotación. Foto: Defensoría
  • El caso ya ha unido a 13 comunidades kichwua de Pastaza que no permitirán la explotación. Foto: Captura
11 Septiembre, 2019, 7:42 am
Por: Redacción 
Varias instituciones se unen para conseguir una sentencia en el caso Piatúa y lograr que el territorio indígena entre Napo y Pastaza quede libre de cualquier proyecto extractivo. La estrategia se define mientras el juez Aurelio Quito, acusado de corrupción en el caso, intenta salir en libertad.
 
Quito fue detenido el pasado 3 de septiembre por intentar sobornar a uno de sus colegas de la Corte Provincial de Pastaza. Para los indígenas es una prioridad que el proceso iniciado en su contra continúe de forma transparente.
 
Los indígenas kichwa del río Piatúa buscan conocer de dónde salieron los 40 mil dólares que, según el juez denunciante, eran para lograr que la Corte falle en contra de la acción de protección con la que las comunidades querían detener la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatúa.

Según el presidente de la comunidad kichwa de Santa Clara, Cristian Aguinda, en este tiempo de investigación se tiene que descubrir quien está atrás "de ese proceso de soborno". 
 
También, las comunidades buscan procesar a la constructora que debió paralizar las obras por orden de la Corte de Pastaza, que falló acogiendo la acción de las comunidades. Los demandantes quieren que el proyecto sea suspendido definitivamente.
 
"Ese proyecto debe suspenderse inmediatamente y debe garantizarse todos los derechos de las naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos indígenas", mencionó Mario Melo, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. 
 
Al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo es parte del caso y buscan que la Función de Transparencia también se una. Para Harold Burbano, representante de esta entidad, "el caso Piatúa tiene muchos elementos para convertirse en un caso paradigmatico (...). Es importante entender que este caso puede detonar otras investigaciones a nivel de territorio".
 
El caso ya ha unido a 13 comunidades kichwua de Pastaza que no permitirán la explotación de sus territorios.
 
Por otro lado, antes de que llegue la ofensiva legal, el juez Quito intentó salir en libertad a través de un recurso de habeas corpus que fue presentado en la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, el tribunal que conoció la causa la rechazó porque esta debía ser tramitada en la Corte de Pastaza. 
 
Varias instituciones se unen para conseguir una sentencia en el caso Piatúa y lograr que el territorio indígena entre Napo y Pastaza quede libre de cualquier proyecto extractivo. La estrategia se define mientras el juez Aurelio Quito, acusado de corrupción en el caso, intenta salir en libertad.
 
Quito fue detenido el pasado 3 de septiembre por intentar sobornar a uno de sus colegas de la Corte Provincial de Pastaza. Para los indígenas es una prioridad que el proceso iniciado en su contra continúe de forma transparente.
 
Los indígenas kichwa del río Piatúa buscan conocer de dónde salieron los 40 mil dólares que, según el juez denunciante, eran para lograr que la Corte falle en contra de la acción de protección con la que las comunidades querían detener la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatúa.

Según el presidente de la comunidad kichwa de Santa Clara, Cristian Aguinda, en este tiempo de investigación se tiene que descubrir quien está atrás "de ese proceso de soborno". 
 
También, las comunidades buscan procesar a la constructora que debió paralizar las obras por orden de la Corte de Pastaza, que falló acogiendo la acción de las comunidades. Los demandantes quieren que el proyecto sea suspendido definitivamente.
 
"Ese proyecto debe suspenderse inmediatamente y debe garantizarse todos los derechos de las naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos indígenas", mencionó Mario Melo, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. 
 
Al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo es parte del caso y buscan que la Función de Transparencia también se una. Para Harold Burbano, representante de esta entidad, "el caso Piatúa tiene muchos elementos para convertirse en un caso paradigmatico (...). Es importante entender que este caso puede detonar otras investigaciones a nivel de territorio".
 
El caso ya ha unido a 13 comunidades kichwua de Pastaza que no permitirán la explotación de sus territorios.
 
Por otro lado, antes de que llegue la ofensiva legal, el juez Quito intentó salir en libertad a través de un recurso de habeas corpus que fue presentado en la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, el tribunal que conoció la causa la rechazó porque esta debía ser tramitada en la Corte de Pastaza. 
 
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