Nicaragua: Ortega mantiene a jefe de FFAA en medio de protestas

Julio César Avilés tomará posesión en febrero y permanecerá hasta 2025.

El jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y el presidente de ese país, Daniel Ortega. Foto: Archivo EFE
19 Noviembre, 2019, 6:26 pm
Por: AP 
El presidente nicaragüense Daniel Ortega renovó por cinco años el mandato del jefe del ejército en medio de una aparente reactivación de las protestas, con huelgas de hambre de familiares de opositores presos y un plantón de centenares de alumnos en la Universidad Centroamericana (UCA, jesuita), donde comenzaron las protestas estudiantes en abril de 2018.
 
La decisión consta en un acuerdo presidencial firmado por Ortega y publicado el martes en el diario oficial La Gaceta. Según el mismo, el general Julio César Avilés, un exguerrillero sandinista que lleva una década en el cargo, tomará posesión el 21 de febrero de 2020 y permanecerá en el mismo hasta 2025.
 
 
Avilés asumió la jefatura del ejército en 2009, cuando Ortega llevaba dos años en el poder y enfrentaba protestas por su intención de postularse a la reelección pese a una prohibición constitucional.
 
Hasta 2009 el cargo de comandante en jefe del ejército de Nicaragua se había renovado cada cinco años, en base a su reglamento, que obliga al consejo militar a proponer candidatos al presidente de la república.
 
Durante las protestas sociales que estallaron en abril de 2018, el ejército prometió mantenerse al margen y no atacar a los civiles. Sin embargo, la oposición ha acusado a esa fuerza de haber apoyado a la policía con “efectivos y armamento militar”, algo que Avilés ha negado.
 
La oposición también acusa al ejército de tolerar el surgimiento de una fuerza de paramilitares armados que en 2018 operaron junto con la policía contra los manifestantes en una llamada “operación limpieza”.
 
 
En septiembre, Avilés dijo ser víctima de una “campaña brutal” de desprestigio y confirmó su lealtad a Ortega señalando que “jamás” apoyaría “un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido”.
 
“Daniel Ortega tiene desconfianza de cualquier persona al mando del ejército y tiene que pagarle el favor a un Avilés que participó en la ‘operación limpieza’ con oficiales y armamento”, dijo la excomandante guerrillera sandinista y ahora opositora Dora María Téllez.
 
La confirmación del mando militar se produce a un mes de la renuncia del expresidente boliviano Evo Morales, aliado de Ortega y que no tuvo el apoyo del ejército de su país. “Ortega quiere enviar un mensaje: su poder es incuestionable y sólido porque cuenta con la venia y servidumbre de los militares”, opinó el sociólogo Oscar René Vargas.
 
Esta situación ocurre tras la detención el jueves de 13 activistas opositores, que el lunes fueron acusados penalmente por supuesto traslado ilegal de armas. El grupo fue arrestado al intentar llevar agua a 11 madres de personas consideradas “presos políticos” que ese día iniciaron una huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya, al este de la capital.
 
La policía mantiene rodeado el templo y les han cortado la luz y el agua, según denunció el párroco Edwin Román, que también permanece dentro.
 
Otras siete mujeres comenzaron el lunes un ayuno en la catedral de Managua, pero lo interrumpieron después de que la sede religiosa fuera atacada por activistas sandinistas.
 
La Conferencia Episcopal denunció en un comunicado que “grupos violentos afines al gobierno” agredieron a dos religiosos y rompieron los candados del campanario, al tiempo que condenó los “actos de profanación, asedio e intimidación” contra la Iglesia católica.
 
La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril de 2018 con protestas estudiantiles que derivaron en un pedido de renuncia de Ortega. Desde entonces se han registrado 328 muertos, más de 2.000 heridos, cientos de detenidos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
 
El gobierno asegura que las protestas, que fueron apoyadas por un sector de la empresa privada y por obispos católicos, fueron un “intento fallido de golpe de Estado” contra Ortega.
 
En tanto, centenares de alumnos de la universidad UCA suspendieron sus clases este martes y realizaron un mitin en la entrada principal en "apoyo a nuestros obispos católicos", según dijeron varios participantes.
 
Al grito de "la Iglesia se respeta", los estudiantes corearon consignas contra el gobierno y lanzaron agua con una manguera a policías antimotines que empujaban los portones desde la calle. La Policía desplegó unas 15 patrullas en el sector pero no se reportaron detenidos.
 
Por su parte, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, rechazó las “acciones maléficas, llenas de odio” y las “actitudes impropias e indignas de quienes dicen tener autoridad pastoral”, en alusión a los sacerdotes católicos que han apoyado las protestas.
 
En un comunicado, la CIDH condenó este martes "la persecución estatal" contra víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua y urgió al Estado a "cesar la represión y el cierre de los espacios democráticos, así como a tomar medidas apropiadas para la obtención de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".
El presidente nicaragüense Daniel Ortega renovó por cinco años el mandato del jefe del ejército en medio de una aparente reactivación de las protestas, con huelgas de hambre de familiares de opositores presos y un plantón de centenares de alumnos en la Universidad Centroamericana (UCA, jesuita), donde comenzaron las protestas estudiantes en abril de 2018.
 
La decisión consta en un acuerdo presidencial firmado por Ortega y publicado el martes en el diario oficial La Gaceta. Según el mismo, el general Julio César Avilés, un exguerrillero sandinista que lleva una década en el cargo, tomará posesión el 21 de febrero de 2020 y permanecerá en el mismo hasta 2025.
 
 
Avilés asumió la jefatura del ejército en 2009, cuando Ortega llevaba dos años en el poder y enfrentaba protestas por su intención de postularse a la reelección pese a una prohibición constitucional.
 
Hasta 2009 el cargo de comandante en jefe del ejército de Nicaragua se había renovado cada cinco años, en base a su reglamento, que obliga al consejo militar a proponer candidatos al presidente de la república.
 
Durante las protestas sociales que estallaron en abril de 2018, el ejército prometió mantenerse al margen y no atacar a los civiles. Sin embargo, la oposición ha acusado a esa fuerza de haber apoyado a la policía con “efectivos y armamento militar”, algo que Avilés ha negado.
 
La oposición también acusa al ejército de tolerar el surgimiento de una fuerza de paramilitares armados que en 2018 operaron junto con la policía contra los manifestantes en una llamada “operación limpieza”.
 
 
En septiembre, Avilés dijo ser víctima de una “campaña brutal” de desprestigio y confirmó su lealtad a Ortega señalando que “jamás” apoyaría “un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido”.
 
“Daniel Ortega tiene desconfianza de cualquier persona al mando del ejército y tiene que pagarle el favor a un Avilés que participó en la ‘operación limpieza’ con oficiales y armamento”, dijo la excomandante guerrillera sandinista y ahora opositora Dora María Téllez.
 
La confirmación del mando militar se produce a un mes de la renuncia del expresidente boliviano Evo Morales, aliado de Ortega y que no tuvo el apoyo del ejército de su país. “Ortega quiere enviar un mensaje: su poder es incuestionable y sólido porque cuenta con la venia y servidumbre de los militares”, opinó el sociólogo Oscar René Vargas.
 
Esta situación ocurre tras la detención el jueves de 13 activistas opositores, que el lunes fueron acusados penalmente por supuesto traslado ilegal de armas. El grupo fue arrestado al intentar llevar agua a 11 madres de personas consideradas “presos políticos” que ese día iniciaron una huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya, al este de la capital.
 
La policía mantiene rodeado el templo y les han cortado la luz y el agua, según denunció el párroco Edwin Román, que también permanece dentro.
 
Otras siete mujeres comenzaron el lunes un ayuno en la catedral de Managua, pero lo interrumpieron después de que la sede religiosa fuera atacada por activistas sandinistas.
 
La Conferencia Episcopal denunció en un comunicado que “grupos violentos afines al gobierno” agredieron a dos religiosos y rompieron los candados del campanario, al tiempo que condenó los “actos de profanación, asedio e intimidación” contra la Iglesia católica.
 
La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril de 2018 con protestas estudiantiles que derivaron en un pedido de renuncia de Ortega. Desde entonces se han registrado 328 muertos, más de 2.000 heridos, cientos de detenidos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
 
El gobierno asegura que las protestas, que fueron apoyadas por un sector de la empresa privada y por obispos católicos, fueron un “intento fallido de golpe de Estado” contra Ortega.
 
En tanto, centenares de alumnos de la universidad UCA suspendieron sus clases este martes y realizaron un mitin en la entrada principal en "apoyo a nuestros obispos católicos", según dijeron varios participantes.
 
Al grito de "la Iglesia se respeta", los estudiantes corearon consignas contra el gobierno y lanzaron agua con una manguera a policías antimotines que empujaban los portones desde la calle. La Policía desplegó unas 15 patrullas en el sector pero no se reportaron detenidos.
 
Por su parte, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, rechazó las “acciones maléficas, llenas de odio” y las “actitudes impropias e indignas de quienes dicen tener autoridad pastoral”, en alusión a los sacerdotes católicos que han apoyado las protestas.
 
En un comunicado, la CIDH condenó este martes "la persecución estatal" contra víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua y urgió al Estado a "cesar la represión y el cierre de los espacios democráticos, así como a tomar medidas apropiadas para la obtención de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".

NOTICIAS DESTACADAS